Regulación de los motores de búsqueda


    En el tratamiento de este capítulo veremos en primer lugar la regulación en nuestro derecho positivo de la libertad de expresión e información que ha tomado la doctrina en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la responsabilidad civil en la Argentina, analizando por las distintas categorías que existen en la actualidad. Seguidamente veremos sintéticamente la responsabilidad civil de algunas regulaciones en el derecho comparado. Veremos la noción del proveedor y la relación de consumo en la legislación de Defensa del consumidor.

    3.1. La libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación


    La libertad de expresión se encuentra amparado en la garantía constitucional definido en el art. 14 de la Constitución Nacional donde expresamente dice: "Todos los habitantes de la Nacion gozan... " "... de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa..."
    También se encuentra amparado en al artículo 32 de nuestra Carta Magna, donde prescribe que: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal."
    En la misma norma el artículo 42 expresa que: "... Las autoridades proveerán a la protección de ..." "... los derechos de los usuarios y consumidores ...".
    Además en la reforma constitucional de 1994, en el art. 75 inc. 22, la Convención Americana sobre Derechos Humanos toma jerarquía constitucional, donde en su art. 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), establece la "...libertad de pensamiento y de expresión..." "...el ejercicio del derecho ... no puede estar sujeto a previa censura ".
    Seguidamente, cabe recordar que el decreto 1279/97 establece en su art. 1 que el servicio de Internet "se considera comprendido dentro de la garantía que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social" 1
    Más adelante al decreto se sancionó la La ley 26.032, donde determina en el art. 1 que "la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión"2
    También tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestro derecho argentino en 1984, y con jerarquía constitucional desde 1994, en su art. 13 establece que:
    Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamientos y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección
    La lectura que impone esta sistematización es muy clara. Los buscadores de internet, se hallan amparados por la libertad de expresión e información y prohibición de censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que podrían incurrir.
    Ahora bien, analicemos que pasaría si se contraponen con la esfera de los derechos personalísimos de una persona, como ser el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, a la imagen etc. En ese mismo orden no se puede cuestionar que toda persona tiene derecho a no ser difamada y en caso de serlo, a recibir una indemnización por daños y perjuicios.
    Lo dicho anteriormente, nos lleva a deducir, que el derecho a expresarse libremente no es absoluto y “bajo ciertas circunstancias no ampara a quienes cometen ilícitos civiles en perjuicio de la reputación de terceros”3, y menos aún ir en detrimento de los restantes derechos constitucionales.
    Por otro lado, hay ciertas circunstancias por las cuales los medios de comunicación podrían eximirse de responsabilidad en la reproducción de los dichos de otro que podría aplicarse a los buscadores de internet.
    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desarrollado una doctrina "Campillay"4 según la cual se eximen de responsabilidad civil y penal el medio de comunicación que exprese textualmente la fuente directa de la información, como así también se haga una transcripción sustancialmente fiel a lo manifestado por aquella. Otros requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina Campillay, es que debe reservarse la identidad de los presuntos culpables y se utilice un tiempo verbal en potencial 5
    Siguiendo el análisis sobre las expresiones contenidas en las editoriales pueden clasificarse como “opiniones o afirmaciones de hecho”6.
    Entre las opiniones, en un prestigioso fallo de la Corte "Brugo", encontramos que “no dan lugar a responsabilidad civil ni penal”7.
    La doctrina "Campillay" se adoptó en fallos de cámara a lo largo de todo el país como eximente de responsabilidad de los buscadores de información de internet, inclusive fue adoptado por el dictamen de procuración en el año 2014, del fallo de la Corte Federal: “DA CUNHA VIRGINIA el YAHOO DE ARGENTINA S.R.L. Y OTRO s/ daños y perjuicios”8, quienes se limitan a mostrar los enlaces mencionando expresamente la fuente.

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    3.2. Reglas generales de responsabilidad civil en Argentina


    Veremos en otro apartado que hay países que tienen legislación específica sobre responsabilidad de los buscadores de información, pero a falta de ella, -como en Argentina- recurrimos a las reglas o principios generales de responsabilidad civil.
    En principio en el art. 1708 del C.C.C9, se definen las funciones de la responsabilidad en nuestro derecho positivo. Entre ellas está la prevención del daño y la función resarcitoria.
    Entre la función resarcitoria, encontramos un artículo que nos interesa para este Trabajo Final de Carrera, el art. 172110, que legisla los factores de atribución -objetivos y subjetivos-, en donde la ausencia de normativa el factor de atribución es la culpa. En el análisis de los supuestos de procedencia de los buscadores de información en el capítulo 4 veremos que no hay una regulación específica, por lo tanto aplicando esta regla, podríamos ir adelantando que el factor de atribución para ese tipo de responsabilidades es la culpa.
    Para que se configure la responsabilidad civil deben darse los presupuestos: el daño (art. 173711), la relación de causalidad (art. 172612 ), el factor de atribución (art. 172113) y la antijuricidad (art. 171714).
    El daño moral se encuentra en el instituto -Indemnización de las consecuencias no patrimoniales- en el art. 1741 del CCC15. La prueba del daño debe acreditarlo quien lo invoca por imperio del art. 1744 del CCC16.
    La teoría del riesgo se encuentra legislado en el art. 175717 y el art. 1758 del CCC18.
    El derecho a la imagen se encuentra legislado en el art. 53 del Código civil y comercial19, también en el art. 31 de la ley de la ley 11.723 20
    El derecho a la imagen pertenece a la esfera de los derechos personalísimos y ha sido definido como aquél "cuyo regular ejercicio permite oponerse a que por otros individuos y por cualquier medio se capte, reproduzca, difunda o publique sin su consentimiento o el de la ley su propia imagen o voz" (Rivera, 2014).

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    3.3. La noción del proveedor y la relación de consumo


    La regulación y los aspectos tratados aquí servirán de basamento estructural para la definición de conclusiones y el entendimiento sobre las responsabilidades que le pudieran corresponder a los motores de búsqueda de bienes y servicios. Así tenemos el artículo 42 de la Constitución Nacional que expresa "... Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. ...".
    Para empezar veremos que en la Ley 24240 se lo define al proveedor como:
    ARTICULO 2º — Proveedores de cosas o servicios. Quedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Se excluyen del ámbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas.
    No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento.21
    En el curso de 2008 , la ley de Defensa del Consumidor sufre unas modificaciones por Ley 26361 y en el art. 2º expresa :
    PROVEEDOR.
    Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.
    No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.22
    Lorenzetti (2000) considera que “proveedor” alude a todo el sector oferente de productos y servicios siempre que lo haga de manera profesional y en una relación de consumo. También menciona que puede ser de manera ocasional.
    La relación de consumo como se mencionó esta en la Constitución Nacional, también en el art 1 de la ley de Defensa del Consumidor23 y ahora también en el art. 1092 del Código Civil y Comercial24, estableciéndose una armonía legislativa.

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    3.4. Legislación en el derecho comparado sobre la responsabilidad de los buscadores


    En la Unión Europea tenemos la directiva europea 2000/31 EC establece en su articulo 15.1:
    Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los arts. 12, 13 Y 14.25
    En España en la ley 34 de 2002. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda:
    1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, ...26
    En Brasil, recientemente sancionado Marco Civil Brasileño. Ley nº 12.96527 Sección III De la Responsabilidad por Daños que Surgieran del Contenido Generado por Terceros en su art. 18: “El proveedor de conexión a Internet no será responsabilizado civilmente por daños surgidos por contenido generado por terceros”28.
    La legislación en Chile sostiene que art. 85 p.. de la ley 17.336:
    ….Los prestadores de servicios referidos en los artículos precedentes no tendrán, para efectos de esta ley, la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o referencien ni la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. 29
    En la legislación del derecho comparado se desprende que no existe para los motores de búsqueda de internet una obligación general de monitorear los contenidos ajenos o de terceros. Más adelante llegaremos a la conclusión por el análisis de fallos que la inexistencia de tal obligación, en principio, no implica responsabilidad.
    Delimitado las normas jurídicas a aplicar y las doctrinas analizadas pasaremos a los supuestos de procedencia de responsabilidad de los buscadores, de información y los de bienes y servicios.

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    Bibliografia 


Tema: Derecho, Derecho Civil, Derecho Procesal, Internet, Mundo Google, Responsabilidad de motores de búsquedas, SEO, Tecnología

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Publicado el 1/08/2018.

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